El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) volvió a plantear su preocupación por la evasión fiscal en el sector, que estima en casi 600 millones de dólares anuales. El dirigente sindical Damián Fernández señaló que se trata de una problemática denunciada desde hace más de 20 años, que genera incumplimientos y competencia desleal entre las empresas.

Según explicó, la principal irregularidad se produce mediante la subdeclaración de aportes al Banco de Previsión Social (BPS), cuando las contribuciones se calculan sobre montos inferiores a los ingresos reales de los trabajadores. Como ejemplo, mencionó casos en los que una persona percibe entre 60.000 y 70.000 pesos mensuales, pero los aportes se realizan sobre 40.000 pesos.

Fernández sostuvo que los pagos por fuera de los mecanismos habituales se ven favorecidos por la falta de controles y repercuten en los salarios y las condiciones laborales. También indicó que existen empresas que utilizan distintos sistemas de pago para una misma tarea.

El planteo fue trasladado en las últimas horas al ministro de Economía, Gabriel Oddone. El sindicato propone conformar una mesa de trabajo que permita encontrar herramientas para reducir la evasión y mejorar las condiciones laborales.

Por otra parte, Fernández informó que en un ámbito de diálogo integrado por los ministerios de Trabajo y Transporte, el sindicato y la Intergremial de Transporte Profesional de Carga se analiza la implementación de una guía de carga. Esta herramienta permitiría controlar la trazabilidad de las mercaderías y contribuir a la supervisión de la actividad.

No obstante, el dirigente consideró que la guía es insuficiente para abordar el conjunto de las irregularidades. En ese sentido, recordó que en 2019 se había creado el sistema CITRAC, que integraba información de distintos organismos estatales para fortalecer los controles, pero que quedó suspendido en 2020.

El sindicato también considera importante aplicar mecanismos que permitan controlar y hacer cumplir los límites de la jornada laboral, y sostiene que las herramientas de fiscalización deben complementarse para dar respuesta a los problemas del sector.

Fuente y foto / Radio Monte Carlo