El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) de San José se reunió este miércoles para coordinar las acciones que se implementarán ante la alerta roja por frío para personas en situación de calle, vigente desde este jueves 7.
La medida, dispuesta por el Sinae, implica la evacuación obligatoria de quienes permanezcan en la vía pública.
El coordinador del CECOED, Eduardo Scanziani, informó que inicialmente habrá tres centros de alojamiento: el refugio del MIDES en Raigón, que ampliará su capacidad de 22 a 26 personas; el Batallón de Infantería Mecanizado Nº 6, con 16 plazas; y un nuevo espacio en Ciudad del Plata, con capacidad para 25 personas.
Indicó además que, si los cupos se completan, se habilitarán centros transitorios con apoyo de distintas instituciones sociales y deportivas del departamento.
Desde este jueves a las 17 horas, equipos integrados por organismos del CECOED recorrerán el departamento para detectar personas en situación de calle.
Scanziani también pidió colaboración a la población y exhortó a llamar al 911 ante casos detectados en la vía pública, para facilitar una rápida intervención.
El edil Claudio Parodi (Alianza) presentó un pedido de informes a la Intendencia de San José para conocer cómo se gestiona el arrendamiento de vehículos livianos utilizados por funcionarios de la comuna.
La solicitud apunta a saber cuántas empresas están contratadas actualmente para el alquiler de autos y camionetas, así como sus nombres, domicilios y la cantidad de vehículos que aporta cada una.
Parodi también consulta si existen contratos firmados, cuáles son los plazos de arrendamiento y los costos asumidos por la Intendencia, discriminados por empresa.
Además, pidió información sobre qué funcionarios utilizan estos vehículos, detallando unidad asignada, cargo y costo mensual correspondiente. También preguntó si hay vehículos asignados de manera permanente durante toda la semana a determinados funcionarios.
Otro de los aspectos incluidos en el planteo refiere al control del combustible. El edil solicitó conocer cómo se fiscaliza ese gasto, si se paga mediante presentación de facturas y si existen topes mensuales de consumo por vehículo o funcionario.
