El senador Carlos Daniel Camy presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el empleo público, asegurando una distribución equitativa dentro del 4% de contrataciones obligatorias establecidas por la normativa vigente.

Según la exposición de motivos, el proyecto responde a la necesidad de garantizar que todas las categorías de discapacidad estén representadas de manera proporcional, evitando que algunas queden relegadas en el acceso a oportunidades laborales dentro del sector estatal.

Para ello, se propone subdividir el cupo del 4% en función de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), reflejando la distribución poblacional de las distintas discapacidades.

Las categorías contempladas en la iniciativa incluyen discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial y visceral, además de otras debidamente certificadas. Para garantizar su correcta aplicación, el proyecto establece una revisión quinquenal de las proporciones asignadas, tomando en cuenta censos y estudios poblacionales.

El control del cumplimiento de la normativa quedaría a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el MIDES y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), que aplicarían sanciones a las entidades públicas que no respeten las disposiciones. Además, las instituciones estatales deberán diseñar convocatorias de empleo inclusivas y accesibles, adaptando los procesos de selección para asegurar la equidad entre las distintas discapacidades.

En cuanto a la transparencia, el proyecto exige la publicación anual de los avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad, detallando la cantidad de trabajadores incorporados y su distribución por categorías. También prevé un plazo de dos años para la implementación gradual de la normativa y la realización de evaluaciones semestrales para verificar su cumplimiento.

Asimismo, se plantea incentivar la contratación de empresas que empleen personas con discapacidad en la provisión de bienes y servicios al Estado, promoviendo así la inclusión también en el sector privado.