Uruguay cuenta con unos 1.300 residenciales para adultos mayores, de los cuales aproximadamente 300 están habilitados por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social.

El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Miguel Petit, señaló que la falta de habilitación no implica necesariamente que todos los establecimientos funcionen de forma inadecuada, ya que existen residenciales que brindan un buen servicio aunque aún no hayan completado el proceso correspondiente.

Ante esta situación, el organismo analiza la posibilidad de implementar un sistema de grados de habilitación que permita incentivar a las instituciones a incorporarse al registro oficial y avanzar progresivamente hacia la habilitación completa.

Petit explicó que el objetivo de los controles no debe centrarse únicamente en sancionar, sino también en orientar y acompañar a los establecimientos para que puedan cumplir con la normativa vigente.

Además, indicó que se estima que unas 15.000 personas mayores permanecen en residenciales de larga estadía, lo que representa cerca del 4% de la población mayor de 65 años.

El jerarca destacó que el sistema incluye distintas alternativas, como hogares sin fines de lucro, instituciones privadas y soluciones habitacionales del Banco de Previsión Social, y remarcó la importancia de fortalecer la coordinación entre el Estado y los prestadores del servicio.