Productores de Rincón del Pino esperan que el gobierno electo revea el Proyecto Neptuno
Este jueves, los productores junto a integrantes de organizaciones sociales e integrantes de la zona, se movilizaron en Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva en rechazo al Proyecto Neptuno.
Productores y vecinos de la zona de Rincón del Pino se movilizaron ayer frente a la Torre Ejecutiva para hacer visible, una vez más, su oposición al Proyecto Neptuno.
Rosina Macció, una de sus referentes, informó que el próximo lunes mantendrán una reunión con el designado ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y que se encuentran a la espera de un encuentro similar con el presidente electo, Yamandú Orsi, y el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
"¿Por qué le decimos no al Proyecto Neptuno? Porque es un proyecto que se creó sobre la base del sacrificio ambiental, productivo y social de nuestra zona", dijo Macció, quien también calificó la iniciativa de "empobrecedora".
Por otra parte, Macció lamentó la postura que tuvo el Ministerio de Ambiente, que, sostuvo, fue "el gran sponsor de este proyecto, desestimando los informes de los productores y los estudios de la academia. (...) Está más que claro que Arazatí no es el lugar indicado por la salinidad, las cianobacterias y otras tantas cosas" enfatizó, en declaraciones a Radio Monte Carlo.
La referente señaló que los productores esperan que el próximo gobierno "revea" la iniciativa que, reiteró, "se creó en base al sacrificio de nuestra zona, perjudicando el futuro de nuestras familias e hijos".
Por su parte, el Dr. Juan Ceretta, abogado patrocinante de las organizaciones sociales que han accionado judicialmente contra el proyecto, remarcó que el mismo viola los artículos 47 y 188 de la Constitución.
Recordó, en ese sentido, que el artículo 47 "establece claramente que el abastecimiento de agua potable debe ser prestado por personas públicas estatales, no admite la participación de particulares". En este aspecto, remarcó que la URSEA ha definido el término abastecimiento incluyendo "la toma y el tratamiento del agua, que en este caso lo va a hacer un privado".
El artículo 188, en tanto, determina la necesidad de mayorías especiales en el Parlamento a la hora de aprobar proyectos que incluyan la participación de privados en actividades públicas. "En su parte final dice expresamente que el artículo no se aplicará ni para saneamiento ni para el agua potable. Es decir, hay una claridad meridiana en cuanto a que el proyecto es inconstitucional", concluyó.
