María Canales, junto a su pareja y seis hijos, atraviesa una situación crítica tras recibir una orden de desalojo que le da apenas 12 días para abandonar la vivienda que ocupa desde 2010 en Camino Guaycurú.

El inmueble, que en su momento funcionó como tambo y quesería, fue cedido de forma gratuita por su propietaria, con quien la familia mantenía una relación cercana. “Mis hijos la llamaban abuela”, relató Canales. Sin embargo, el vínculo se quebró y el pasado 16 de setiembre la mujer fue notificada con el desalojo.

Frente a este panorama, Canales decidió hacer público su caso en busca de apoyo. Sostiene que la intendenta Ana Bentaberri, la edila Carolina Hornes y el prosecretario Marcos Reyes conocían su situación y le habían transmitido que no podía ser desalojada debido a que el predio mantiene deudas de contribución.

“Me quedan 12 días y no sé a dónde ir. Somos seis niños menores de edad, mi marido que es enfermo crónico y yo. Pido que se cumpla lo prometido”, expresó, señalando que ha recurrido también al MIDES sin obtener soluciones.

Actualmente, la familia no cuenta con ingresos estables: ambos adultos están desempleados y dependen de la asignación familiar, una tarjeta del MIDES, algunos trabajos domésticos y la venta de comidas caseras. Canales también mencionó que en el proceso interviene un agente inmobiliario, aunque desconoce cuál es su rol.

Fuente y foto / Visión Ciudadana